Áncash.- Las aguas de los ríos Santa y Tablachaca, esenciales para más de un millón y medio de personas en la región de Áncash, han sido declaradas no aptas para el consumo humano debido a la presencia de metales pesados, según un reciente informe del gobierno regional.
Este desastre ambiental ha generado preocupación entre la población local, que reportó una alarmante coloración naranja en las aguas a inicios de agosto, desencadenando una serie de investigaciones.
Las muestras tomadas en el río Santa, que abastece de agua potable al distrito Nuevo Chimbote, revelaron altos niveles de hierro y arsénico.
En el río Tablachaca, que provee agua a la localidad de Chuquicara, además de los mismos metales, se encontraron altos niveles de manganeso.
Estos elementos tóxicos suponen un riesgo grave para la salud y el medio ambiente, afectando también el riego de aproximadamente 200 mil hectáreas de tierras agrícolas.
La causa de esta contaminación se atribuye preliminarmente al colapso de una bocamina en la localidad de Pallasca, operada por la empresa Tungsteno Málaga SAC.
Sin embargo, la ONG Red Muqui, que monitorea la minería y el agua en Perú, apunta a la posibilidad de que mineros informales hayan tomado control de bocaminas inactivas desde 2015, pertenecientes a la empresa pública Activos Mineros SAC. Beatriz Cortez, activista de la Red Muqui, advierte que la minería ilegal podría ser la responsable de esta crisis.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, respaldó la teoría de la minería ilegal, afirmando que podría estar detrás de este desastre.
A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades aún no han proporcionado información completa, lo que ha llevado a los agricultores de las regiones afectadas a realizar sus propios monitoreos autónomos del agua, con el apoyo de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS).
El ambientalista Guillermo Martines, de AMAS, señala que la contaminación minera en el río Santa es un problema crónico y progresivo que ha afectado a la región durante décadas.
Según Martines, los metales como el manganeso y el arsénico, que no alteran la coloración del agua, podrían haber estado presentes en niveles peligrosos durante años, afectando indirectamente a la población a través del consumo de productos contaminados.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades regionales y diversos políticos han solicitado al Estado y al Ministerio del Ambiente que declaren la emergencia ambiental en la zona afectada.
Mientras tanto, se están llevando a cabo trabajos de limpieza en los ríos, y aunque las aguas están recuperando su color natural, aún se mantiene la restricción para su consumo hasta que nuevas pruebas confirmen su seguridad.
Los expertos critican la falta de control estatal sobre los pasivos mineros y la minería ilegal, lo que ha permitido que situaciones como esta ocurran.
Cortez enfatiza la necesidad de una respuesta multisectorial que no solo aborde la contaminación, sino que también identifique y sancione a los responsables.
Martines, por su parte, lamenta que el interés del Estado en un modelo económico extractivo esté llevando al país a enfrentar desastres ambientales de esta magnitud.