Emergencia médica genera indignación
Denuncian cobro ilegal en hospital EsSalud tras balacera en Chicama
Defensoría investiga presunta vulneración de derechos en emergencia médica.
Ascope / La Libertad.- La Defensoría del Pueblo denunció públicamente un grave presunto acto de vulneración de derechos ocurrido en el Hospital II Chocope de EsSalud, en la provincia de Ascope, región La Libertad.
Según la entidad, el establecimiento de salud habría exigido el pago de 50 soles para brindar atención médica a un menor de edad herido durante la balacera registrada en Chicama, un violento hecho que conmocionó a la población y que dejó como saldo la muerte de la regidora Elena Rojas.
El ataque armado ocurrió en el marco de una chocolatada navideña, actividad comunitaria que se desarrollaba con la presencia de vecinos y autoridades locales.
Durante el evento, se produjo una balacera que generó pánico entre los asistentes y dejó varios heridos, entre ellos un menor. La situación se tornó aún más indignante cuando, de acuerdo con la denuncia, el hospital habría condicionado la atención médica de emergencia al pago inmediato de dinero.
La Defensoría del Pueblo recordó que, conforme a la normativa vigente en el Perú, la atención en casos de emergencia es obligatoria, inmediata y gratuita, sin importar si el paciente cuenta o no con seguro de salud.
Este principio cobra mayor relevancia cuando se trata de menores de edad y de víctimas de hechos violentos, quienes deben recibir atención prioritaria y sin ningún tipo de restricción administrativa o económica.
El organismo defensor calificó el presunto cobro como una situación inaceptable, señalando que este tipo de prácticas vulnera derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la vida y la protección especial de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, enfatizó que ningún establecimiento de salud, público o adscrito a EsSalud, puede negarse o condicionar la atención de emergencia bajo ninguna circunstancia.
Ante la gravedad del caso, la Defensoría del Pueblo informó que los hechos ya se encuentran en proceso de investigación, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer si existió una falta administrativa o una infracción más grave por parte del personal del hospital.
La institución exhortó a EsSalud a adoptar las medidas correctivas necesarias y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
El caso ha generado profunda indignación social, especialmente por haberse producido en un contexto de violencia armada que terminó con la vida de una autoridad local.
La muerte de la regidora Elena Rojas ha reavivado el debate sobre la inseguridad ciudadana en la región y la necesidad de reforzar tanto la protección en eventos públicos como la respuesta del sistema de salud ante emergencias derivadas de actos criminales.
Finalmente, la Defensoría reiteró su compromiso de velar por los derechos de la población, recordando a los ciudadanos que pueden denunciar cualquier irregularidad en la atención de salud, especialmente cuando se trate de emergencias médicas o de la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
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