Asilo en debate

Canciller peruano lleva reforma del asilo ante OEA

Hugo de Zela propone procedimiento previo para distinguir perseguidos políticos de acusados por delitos comunes.

Fuente Fotográfica: Internet

Washington.- El canciller Hugo de Zela viajará a Washington para exponer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la posición del Perú sobre el asilo diplomático y la necesidad de corregir lo que el Gobierno considera un uso equivocado de la Convención de Asilo de 1954, también conocida como Convención de Caracas.

Antes de partir, el ministro de Relaciones Exteriores explicó el objetivo central de su presentación: demostrar por qué, a juicio del Estado peruano, la convención se está aplicando de manera distinta a la pensada originalmente. Recordó que ese instrumento internacional nació para proteger a perseguidos políticos, pero que hoy se emplearía para amparar a políticos con procesos o condenas por delitos comunes, algo que según dijo “hay que corregir”.

De Zela subrayó que su exposición ante la OEA se enfocará en un análisis general del mecanismo de asilo, y no en casos puntuales. Sin embargo, el contexto es claro: la discusión llega en medio de la controversia por el asilo otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece en la embajada mexicana en Lima y fue condenada a más de once años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022.

Uno de los ejes de la propuesta peruana es establecer un procedimiento obligatorio previo a la concesión del asilo. El canciller detalló que los países que reciban una solicitud deberían estar obligados a pedir información oficial al Estado de origen sobre la situación jurídica de la persona que pide protección. La idea es que, con esos datos, se pueda distinguir mejor entre quien enfrenta una persecución política real y quien está procesado o condenado por delitos comunes.

En palabras del propio ministro, se busca que antes de decidir se conozca si el solicitante es “efectivamente un perseguido político o una persona que ha cometido un delito común”. Con ello, el Gobierno peruano pretende que el sistema interamericano no convierta el asilo en una vía para evadir responsabilidades penales internas, sino que conserve su naturaleza de refugio frente a la persecución por ideas u opiniones políticas.

Lejos de presentar esta iniciativa como un intento de restringir el asilo, De Zela insiste en el argumento contrario: que se trata de “proteger la figura del asilo”. Según explicó, lo que se busca es que este mecanismo se utilice “para los fines para los que fue creado y no para cosas diferentes”. Es decir, defender el instituto jurídico evitando que se desnaturalice por malas aplicaciones o interpretaciones expansivas.

Fuente: Infobae

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