Transparencia pública

Fiscalía interviene Gobierno Regional de Áncash por supuestas irregularidades en obra millonaria

Denuncian direccionamiento en adjudicación de obra valorizada en S/ 170 millones; gobernador entrega celular para investigación.

Fuente: Andina

Lima, -La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino este viernes las instalaciones del Gobierno Regional de Áncash (GORE Áncash), tras denuncias periodísticas que indican un presunto direccionamiento en la adjudicación de una obra pública vial valorada en 170 millones de soles.

La diligencia fiscal, realizada aproximadamente a las 11:45 a.m., contó con la presencia del gobernador regional, Koki Noriega Brito, quien se encontraba en su despacho al momento de la intervención, según reportes oficiales.

De acuerdo con el comunicado del GORE Áncash, el gobernador entregó su teléfono celular personal al equipo fiscal y autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones, bancario y tributario para las labores de investigación. Además, afirmó que no se hallaron indicios de corrupción en su equipo hasta el momento.

La denuncia periodística sostiene que el comité de selección del Gobierno Regional habría beneficiado al Consorcio Antonio Raimondi, incluso cuando éste presentó información inexacta en su postulación. Se alega también que una de las empresas vinculadas al consorcio estaría relacionada con el denominado “Club de la Construcción”.

Ante las denuncias, el GORE Áncash manifestó su compromiso de cooperar con el Ministerio Público y solicitó que las actuaciones sean remitidas a la Contraloría General de la República para su revisión.

Este caso ha generado gran expectación política y social en Áncash, en tanto toca uno de los temas más sensibles: la transparencia en la ejecución de obras de gran magnitud. La obra en cuestión consiste en un proyecto vial estratégico para el desarrollo regional, lo que acentúa las sospechas y el escrutinio público.

El proceso de intervención incluye el examen de documentos, el acceso a registros oficiales y declaraciones testimoniales que pueden arrojar luz sobre el proceso de licitación y adjudicación. La Fiscalía deberá determinar si hubo actos ilegales como favorecimiento, uso de información privilegiada, u omisión de controles.

El papel del consorcio implicado y de los funcionarios que participaron en el comité de selección será objeto central del proceso investigativo. Asimismo, corresponderá verificar si las evidencias apuntan a responsabilidad penal o sanciones administrativas para los involucrados.

Para los ciudadanos de Áncash, la intervención representa una oportunidad para exigir que las promesas de desarrollo se concreten con integridad, que el Estado sea escrupuloso en su supervisión y que los recursos públicos se destinen a obras que verdaderamente beneficien a la población.

La siguiente fase del caso se centrará en la sustanciación formal de cargos, posibles citaciones contra los funcionarios implicados, y la publicación de hallazgos parciales para transparentar el avance de la investigación. Las autoridades regionales y nacionales estarán bajo atención constante por parte de medios, instituciones de control y ciudadanía, dado el volumen de dinero en disputa y las implicancias políticas del caso.

Este episodio pone en relieve la delgada línea entre adjudicación pública legítima y arbitrariedad institucional, y marca un punto de inflexión sobre cómo se exige responsabilidad en la gestión estatal.

Fuente: RPP

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