Diálogo o fuerza devastadora
Colombia debate entre diálogo y fuerza militar ante repunte violento
Grupos armados aprovechan vacíos políticos y amenazan estabilidad nacional.
Colombia.- El país atraviesa un momento decisivo en su política de seguridad. El gobierno de Gustavo Petro, que impulsó desde el inicio de su mandato la política de “paz total”, enfrenta crecientes presiones para cambiar de rumbo tras el incremento de ataques perpetrados por disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo.
Estos grupos, considerados ahora por el propio Ejecutivo como organizaciones terroristas, han intensificado sus acciones violentas con atentados, extorsiones y control territorial, lo que ha puesto en jaque la estrategia de diálogo impulsada desde el Estado.
El giro del presidente hacia un enfoque más militar marca un punto de quiebre. Por un lado, busca endurecer la respuesta del Estado frente a organizaciones que hoy se financian principalmente del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas. Por otro, enfrenta cuestionamientos de sectores que advierten que privilegiar la represión podría desatar una nueva ola de violencia en el país, incluso más sangrienta que la vivida en décadas pasadas.
Analistas en seguridad señalan que los actuales grupos armados han evolucionado: su estructura es menos ideológica y más enfocada en negocios ilícitos, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas como drones con explosivos y carros bomba. Este escenario, advierten, hace que un regreso a una guerra frontal sea aún más peligroso para la población civil y las instituciones.
El ministro de Defensa ha señalado que Colombia necesita fortalecer la inteligencia militar y el control territorial para enfrentar estas amenazas, pero también reconoce que no se puede desechar completamente la vía del diálogo. Según su visión, la estrategia debe ser híbrida: aplicar la fuerza contra quienes no muestran voluntad de paz y mantener canales de negociación abiertos con los actores que aún la tengan.
La tensión política y social se agudiza. Organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos advierten que un Estado que opte únicamente por la represión armada corre el riesgo de reproducir errores del pasado. La preocupación es que Colombia vuelva a un conflicto interno prolongado, con altos costos en vidas humanas, desplazamientos y debilitamiento de las instituciones democráticas.
Desde el extranjero también llegan alertas. Expertos internacionales subrayan que cualquier decisión de Colombia tendrá un impacto regional en temas como el narcotráfico, la migración y la seguridad fronteriza. De ahí la importancia de encontrar un equilibrio entre diálogo político y acción militar.
Hoy, la gran pregunta es si Colombia logrará mantener el espíritu de la paz negociada o si el peso de la represión impondrá un escenario de violencia sin retorno. El desenlace dependerá de la capacidad del gobierno de Petro para articular una estrategia que combine inteligencia, diálogo y control armado, sin renunciar a la estabilidad democrática.
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