Otro revés judicial real

Príncipe Enrique pierde apelación por seguridad estatal en Reino Unido

Juez desestima reclamo legal del duque sobre decisión oficial de reducir su escolta policial.

Príncipe Enrique pierde apelación y queda sin seguridad policial permanente en Reino Unido

LONDRES. - El príncipe Enrique ha recibido otro duro revés judicial en su larga batalla por mantener su protección policial permanente en el Reino Unido. El Tribunal de Apelaciones desestimó este viernes 2 de mayo su recurso legal contra la decisión del Ministerio del Interior británico, que redujo su nivel de seguridad desde su salida de la familia real y su traslado a Estados Unidos.

El hijo menor del rey Carlos III alegaba que la rebaja de su esquema de seguridad lo dejaba vulnerable y comprometía la integridad de su familia. Sin embargo, los magistrados del tribunal, liderados por el juez Geoffrey Vos, argumentaron que, aunque comprenden su “sentimiento de agravio”, no existe base legal suficiente para revertir la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de Protección de Figuras Públicas y de la Realeza (Ravec).

El dictamen afirma que la seguridad del duque de Sussex “no puede evaluarse con los mismos criterios que la de miembros activos de la realeza o figuras públicas con funciones oficiales”. El tribunal también consideró sensato y comprensible el razonamiento de Ravec, ya que Enrique y su familia están actualmente fuera del sistema regular de protección, al residir en California desde su renuncia a los deberes reales en 2020.

Durante las vistas judiciales realizadas los días 8 y 9 de abril, a las que Enrique asistió personalmente, su abogada Shaheed Fatima defendió que la seguridad del príncipe debía ser garantizada debido a amenazas específicas, entre ellas una presunta incitación de Al Qaeda a asesinarlo, y un incidente en 2023 en el que él y Meghan Markle fueron perseguidos por paparazis en Nueva York.

La defensa sostuvo que el príncipe no busca recibir el mismo nivel de seguridad que antes, pero sí exige que su situación se evalúe “bajo los mismos estándares” que otras personalidades en riesgo. Además, subrayaron que la seguridad privada contratada en EE. UU. no tiene jurisdicción en el Reino Unido ni acceso a información de inteligencia local.

La querella, que comenzó formalmente en 2022, tenía como propósito asegurar que Enrique pudiera visitar el Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, sin comprometer su integridad física. Según su equipo legal, sin protección estatal, su regreso a territorio británico se vuelve inviable.

El fallo del Tribunal de Apelaciones reafirma la resolución anterior del juez Peter Lane, quien en febrero de 2024 ya había respaldado la postura gubernamental. Desde entonces, al príncipe se le exige solicitar con 30 días de antelación cualquier visita al Reino Unido, para que su necesidad de seguridad sea evaluada caso por caso.

Ante este nuevo rechazo, al duque solo le queda la opción de apelar ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, podría enfrentarse al pago de los costos legales del proceso, estimados en hasta 1,5 millones de libras esterlinas. Este episodio vuelve a poner en el centro del debate los límites entre la condición de miembro de la realeza y ciudadano privado cuando se renuncian a los privilegios oficiales.