Proceso avanza en Congreso

Fiscalía acusa a Boluarte y exministros por hechos durante manifestaciones

Mandataria y exfuncionarios son responsabilizados por agresiones ocurridas en movilizaciones del sur peruano.

Fiscalía denuncia constitucionalmente a Dina Boluarte y exministros por lesiones durante protestas sociales

Lima.-La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, así como contra dos expresidentes del Consejo de Ministros y exministros del Interior y Defensa, por los presuntos delitos de lesiones leves y graves ocurridos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Según el pronunciamiento del Ministerio Público publicado en la red social X (antes Twitter), la denuncia involucra a Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola Peñaranda, exjefes del gabinete; César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior; y a Jorge Chávez Cresta, extitular del Ministerio de Defensa.

La acusación se fundamenta en la presunta responsabilidad de estos funcionarios en la represión de movilizaciones sociales, donde se habría producido un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública. Las protestas se desarrollaron en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y también en Lima Metropolitana. La Fiscalía identificó al menos 75 víctimas, entre ellas Ronald Rojas Ramos y Michel Chipa, quienes habrían sufrido afectaciones físicas atribuibles al accionar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo que estos hechos constituyen un grave atentado contra los derechos humanos y requieren una respuesta constitucional que permita determinar la posible responsabilidad penal y política de las autoridades involucradas.

Ante esta denuncia, la defensa legal de Dina Boluarte, encabezada por el abogado Joseph Campos, rechazó rotundamente las acusaciones, calificándolas como una “politización del derecho”. Según Campos, el Ministerio Público estaría recurriendo a “situaciones infames” para construir una narrativa ajena a la legalidad. “Dicen que se utilizaron medios para aplacar lo que ellos entienden como protesta, cuando la protesta nunca puede ser violenta”, declaró.

En tanto, Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, también se pronunció a través de sus redes sociales. Cuestionó que esta sea la tercera denuncia presentada por los mismos hechos, señalando que ya existe un caso archivado en el Congreso y otro en trámite. “¿Salieron a pescar?”, escribió en su publicación, insinuando una intención persecutoria detrás de la acción fiscal.

Esta denuncia se da en un contexto de alta tensión política y de creciente cuestionamiento a la gestión de Dina Boluarte, especialmente por el manejo de las protestas sociales y el impacto en la gobernabilidad democrática. El Congreso deberá ahora evaluar la denuncia constitucional y decidir si procede a su admisión para una eventual acusación política y judicial contra la jefa de Estado y los exfuncionarios involucrados.

Este caso marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, y será clave para definir el rumbo de la estabilidad institucional del país en los próximos meses.