Investigación fiscal en curso
Cuatro funcionarios de Wasi Mikuna detenidos por presunta red de sobornos
Empresa proveedora habría articulado pagos ilícitos a trabajadores vinculados al programa alimentario nacional.
Detienen a cuatro funcionarios vinculados a presunta red de corrupción en programa de alimentación escolar
Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y Ucayali.- En un megaoperativo simultáneo desplegado durante la madrugada, el Ministerio Público ejecutó la detención preliminar de cuatro funcionarios vinculados al programa de alimentación escolar Wasi Mikuna, en las regiones de Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y Ucayali. La acción fue parte de una operación de gran escala que incluyó la intervención de 11 inmuebles y el despliegue de 117 efectivos policiales, apoyados por once fiscales.
Los detenidos, identificados como especialistas alimentarios, son investigados por su presunta participación en el delito de organización criminal. Según las autoridades, habrían integrado un esquema de sobornos diseñado y ejecutado por la empresa Frigoinca S.A.C., la cual habría logrado adjudicaciones irregulares mediante pagos ilícitos.
Aunque los funcionarios estuvieron anteriormente vinculados al ahora extinto programa Qali Warma, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aclaró que actualmente no forman parte del personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria (PNAEC), nombre con el que opera ahora el sistema de alimentación social escolar.
El operativo no solo contempló las detenciones, sino también la incautación de material relevante para la investigación en curso. Entre los objetivos de la diligencia se encuentran documentos, dispositivos electrónicos y registros contables que podrían corroborar la existencia de una red de corrupción estructurada, según informó el equipo fiscal encargado.
Desde el Midis, se emitió un comunicado oficial donde se asegura que la institución está colaborando activamente con las investigaciones. El documento precisa que el PNAEC “ha brindado todas las facilidades logísticas y documentales requeridas por las autoridades competentes” para garantizar el correcto desarrollo de las diligencias judiciales.
La operación fue ejecutada en el marco de un proceso que busca desmontar estructuras ilícitas dentro del aparato estatal, especialmente aquellas que comprometen programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, como es el caso de los servicios de alimentación escolar.
La intervención ha generado preocupación entre diversos sectores debido a la sensibilidad social del programa involucrado, cuyo objetivo central es garantizar la nutrición infantil en zonas de alta pobreza y exclusión. En este contexto, se ha hecho un llamado a las autoridades a profundizar en la fiscalización de los procesos de contratación y supervisión de proveedores del Estado.
El Ministerio Público continúa con el análisis del material incautado, mientras se evalúa la situación legal de los detenidos y se determinarán las medidas judiciales que correspondan. Las diligencias están enmarcadas en una estrategia nacional de lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
La situación pone nuevamente en agenda la importancia de transparentar los programas sociales y asegurar que cumplan con su finalidad sin interferencias de redes delictivas que perjudiquen a los beneficiarios.
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