Política migratoria de Trump

Gobierno de Trump intensifica deportaciones y tensiones con Latinoamérica

Cuba, Venezuela y Nicaragua resisten presión para aceptar deportados.

EE.UU.- El Gobierno de Donald Trump ha iniciado una campaña de deportaciones masivas de personas que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, enviando vuelos a países como Guatemala, Brasil y Colombia.

Esta política migratoria, uno de los pilares de su administración, ha generado tensiones con Gobiernos latinoamericanos, como lo evidenció un reciente desacuerdo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 26 de enero de 2025.

Aunque este conflicto se resolvió mediante la diplomacia, otros países como Cuba, Nicaragua y Venezuela se muestran reacios a cooperar, lo que podría intensificar las disputas.

Cuba, en particular, es considerado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como un país "recalcitrante" por su negativa a recibir deportados. Para presionar a estos Gobiernos, Trump ha recurrido a herramientas como la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite suspender la emisión de visas a nacionales de países que no acepten deportaciones.

Además, se han planteado medidas como la imposición de aranceles, recortes de ayuda y presión política. Sin embargo, expertos como Ariel Ruiz, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), advierten que estas tácticas podrían no funcionar con Gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que tienen menos dependencia económica de Estados Unidos.

Ruiz señala que aumentar las sanciones podría ser contraproducente, ya que empeoraría las condiciones económicas en estos países y, en consecuencia, impulsaría más migración.

Por su parte, Luis Rubio, presidente del centro de pensamiento México Evalúa, no descarta la capacidad de presión de Estados Unidos, pero sugiere que Trump podría negociar con líderes como Nicolás Maduro, lo que podría implicar concesiones políticas.

México ha surgido como un posible "tercer país seguro" para recibir a deportados cuyos países de origen se nieguen a aceptarlos. Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado esta posibilidad.

Aun así, Estados Unidos sigue considerando esta opción para gestionar las órdenes de deportación pendientes de 42.084 cubanos, 45.995 nicaragüenses y 22.749 venezolanos, según datos del ICE publicados por Fox News.

Facundo Robles, coordinador del Programa para Latinoamérica del Wilson Center, explica que forzar a Gobiernos autoritarios a aceptar deportaciones es complejo, ya que estos suelen utilizar la migración como herramienta política.

Robles sugiere que un enfoque más efectivo sería vincular acuerdos migratorios con incentivos, como la flexibilización de sanciones o iniciativas de cooperación humanitaria.

Además de las deportaciones, Trump ha reforzado la presencia militar en la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional.

Aunque esta medida podría reducir temporalmente los cruces ilegales, expertos como Ruiz advierten que no aborda las causas profundas de la migración, como la persecución política, la falta de oportunidades económicas y el cambio climático.

En conclusión, la política migratoria de Trump ha intensificado las tensiones con varios Gobiernos latinoamericanos y plantea desafíos significativos, especialmente con países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Mientras Estados Unidos busca imponer su agenda mediante sanciones y presión, expertos coinciden en que una solución integral requiere abordar las causas estructurales de la migración y fomentar la estabilidad en los países de origen.

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