Incautación de avión presidencial
Estados Unidos confisca avión oficial de Nicolás Maduro
Operación en República Dominicana envía claro mensaje a Venezuela.
EE.UU.- Estados Unidos confiscó este lunes el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación sin precedentes en la República Dominicana.
Según reportó en exclusiva CNN, la aeronave fue trasladada a Florida en base a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela.
Dos funcionarios estadounidenses confirmaron a CNN que la incautación del avión, valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, representa un acto inaudito en términos penales.
Uno de los funcionarios destacó que este decomiso envía un mensaje claro: "Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses".
Aunque todavía no existe confirmación oficial del decomiso, se presume que la acción se llevó a cabo después de que Estados Unidos determinara que la adquisición de la aeronave violaba las sanciones impuestas a Venezuela.
El avión, descrito como el equivalente venezolano al Air Force One, había permanecido en la República Dominicana durante los últimos meses.
La operación, que involucró a varias agencias federales de Estados Unidos en estrecha colaboración con la República Dominicana, no solo logró incautar la aeronave, sino también notificar a Venezuela sobre la acción.
Según los funcionarios, el decomiso del avión presidencial es un mensaje directo a los altos mandos del gobierno venezolano, subrayando que los activos de gran valor y simbolismo no están exentos de ser confiscados.
Esta incautación se suma a las medidas que Estados Unidos ha tomado en los últimos años contra Venezuela, incluyendo la confiscación de vehículos de lujo y otros activos dirigidos al país sudamericano. Sin embargo, esta es la primera vez que se confisca un vehículo de tanta relevancia política y simbólica.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha deteriorado aún más desde las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio.
En abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, acusando a Nicolás Maduro de incumplir sus compromisos electorales tras la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Desde entonces, el gobierno estadounidense ha sido muy crítico con la administración de Maduro.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, criticó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela por su negativa a defender los estándares internacionales y nacionales de transparencia, calificándola como una "violación inaceptable" de las leyes del país.
Además, cuestionó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es controlado por Maduro, por intentar silenciar a los votantes ratificando la victoria de Maduro en los comicios.
En respuesta a estas críticas, el gobierno de Venezuela, a través de su canciller Yván Gil, afirmó que "no debe explicaciones" a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro y acusó al Departamento de Estado de entrometerse en asuntos internos del país.
Esta serie de eventos refleja la tensa relación entre ambos países, y el decomiso del avión presidencial es un claro ejemplo de cómo las sanciones y las acciones punitivas se están utilizando para presionar al gobierno venezolano en un escenario de creciente confrontación.
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