Por Isaac Bigio
La fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel a Pedro Castillo, 25 a su exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, y 15 a su ex asesor y ex premier Aníbal Torres. Se les acusa por haber INTENTADO un golpe de Estado. Castillo y Torres en los hechos acabarían presos de por vida.
Esto ocurre cuando se ha liberado a Alberto Fujimori y evitado que su narco-hijo Kenji vaya a prisión. Mientras la asonada de Castillo no resultó en ningún hecho violento ni en la intervención armada de ninguna entidad, la que hizo Fujimori el 5/4/1992, sí se dio mandando tanques a los poderes legislativo y judicial y otras instituciones, además de arrestar a varios congresistas y periodistas, e imponer una dictadura muy represiva.
Mientras a Castillo no le han podido probar hechos dolosos (y las acusaciones que hay son sobre montos relativamente menores), Fujimori ha figurado como uno de los 7 gobernantes más corruptos del mundo. Se estima en miles de millones de dólares la cantidad de dinero de todos los peruanos que él ha robado. Su tiranía impuso un terrorismo de Estado que condujo a la tortura de su propia esposa y primera dama (a quien remplazó por su hija Keiko), además de multitudes de peruanos. Miles fueron apresados o asesinados. Cientos de miles de mujeres fueron forzosamente esterilizadas (algo peor que violadas). Encima, hizo más de un fraude electoral.
Dina Boluarte, que salió del anonimato gracias a Castillo, ha dejado que el Tribunal Constitucional (TC) inconstitucionalmente excarcele a Fujimori, violando tratados internacionales y resoluciones de la Corte IDH.
En los hechos, el fujimorismo gobierna al país, pues domina al Congreso e impone su agenda a este débil ejecutivo. Keiko va a querer burlar la cárcel, al igual que su padre y hermano.
La diferencia que tiene nuestro poder judicial frente a ambos golpes es descomunal. Además, que ni el TC ni la judicatura quieren rechazar la manera en la cual el 7/12/2021 se vacó en 6 minutos a un presidente electo sin derecho a la defensa, sin que ningún congresista hable, sin que circulase la moción por escrito y sin que esta fuese admitida al pleno con el número estatutario.
Isaac Bigio. Politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics.
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