Estados Unidos.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos analizó una demanda relacionada con la posibilidad de que guarderías católicas financiadas con fondos públicos rechacen la matrícula de hijos de parejas del mismo sexo. Durante una audiencia realizada el martes, la mayoría conservadora de los magistrados expresó dudas sobre la aplicación de una ley de Colorado que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los centros educativos que reciben recursos estatales.
El proceso enfrenta las garantías de libertad religiosa establecidas en la Primera Enmienda con las disposiciones destinadas a proteger a las personas homosexuales y transgénero frente a la discriminación. La controversia surgió por las condiciones que deben cumplir las instituciones religiosas para participar en programas públicos de financiamiento educativo.
Durante la audiencia, el juez Brett Kavanaugh cuestionó la decisión de Colorado de exigir el cumplimiento de las normas antidiscriminatorias sin permitir que las escuelas católicas solicitaran una excepción por motivos religiosos. El magistrado consideró que el estado pudo evitar el conflicto si hubiera contemplado una alternativa que respetara las creencias de esas instituciones.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor cuestionó los argumentos de quienes respaldan la excepción religiosa. Señaló que permitir que los centros educativos excluyan a determinados niños por la orientación sexual de sus padres o por sus posibles creencias sobre identidad de género podría generar situaciones de discriminación. Sarah Harris, abogada del Departamento de Justicia, respondió que las escuelas ejercen su libertad religiosa al solicitar a las familias que acepten los principios de la fe católica.
El caso está relacionado con una medida aprobada por Colorado en 2020, que estableció un programa preescolar universal financiado con recursos estatales. La iniciativa permite la participación de instituciones públicas y privadas, pero exige que todas garanticen igualdad de oportunidades de inscripción, sin distinciones por raza, religión, orientación sexual o identidad de género.
La organización jurídica Becket presentó la apelación en representación de una parroquia católica y una familia que cuestionan la disposición estatal. El reclamo también se relaciona con un precedente de 2022, cuando el Tribunal Supremo impidió que Maine excluyera a escuelas religiosas de un programa de ayuda para matrículas por impartir enseñanza religiosa.
Durante el debate, la jueza Amy Coney Barrett preguntó si los estados podían utilizar requisitos antidiscriminatorios para excluir indirectamente a instituciones con determinadas creencias. En respuesta, la representante de Colorado, Helen Norton, sostuvo que no existen pruebas de que el estado haya actuado con hostilidad hacia las organizaciones religiosas.
La jueza Elena Kagan advirtió sobre las posibles consecuencias de ampliar las excepciones religiosas en el ámbito educativo, incluso en las escuelas públicas. El Tribunal Supremo prevé emitir una decisión sobre el caso antes de finalizar junio, la cual podría establecer nuevos criterios sobre la participación de instituciones religiosas en programas financiados con fondos públicos.
Fuente: CNN
