Lima.- Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1744, publicado el pasado 8 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano.
Esta norma introduce modificaciones clave al artículo 279-G del Código Penal para sancionar con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes presten, alquilen o faciliten armas de fuego, municiones o accesorios, siempre que exista la posibilidad de que estos bienes sean utilizados para cometer actos ilícitos.
La reforma penal establece rangos específicos y agravantes según el origen y estado del armamento. Quienes faciliten armas o bienes pertenecientes al Estado enfrentarán condenas de entre 10 y 15 años de prisión, mientras que se aplicarán sanciones más severas cuando el armamento tenga suprimido, alterado o sustituido su número de serie, marca o cualquier otro código que permita su identificación y rastreo.
Más allá del control de armas, el decreto amplía el marco punitivo contra otras redes de apoyo delictivo. La disposición castiga con la misma pena del delito de extorsión a quienes cedan cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir dinero ilícito, eleva las condenas para integrantes de bandas criminales, fija penas de entre 10 y 12 años por conspiración u ofrecimiento para el sicariato y extiende hasta 15 días la detención judicial por flagrancia en investigaciones de delitos graves, dotando de mayores herramientas legales a la Policía Nacional y al sistema de justicia.
Fuente: Perú21
