Lima. La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que plantea establecer una moratoria de cinco años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas en el Perú.
La propuesta legislativa obtuvo 10 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención durante la sesión realizada el miércoles 28 de octubre de 2026. La iniciativa busca ordenar la oferta de educación superior universitaria pública y fortalecer las instituciones existentes y aquellas que se encuentran en proceso de implementación.
El dictamen corresponde a la Proposición Legislativa N.° 00461/2026-CD y establece que la restricción alcanzaría a cualquier modalidad destinada a crear una nueva universidad estatal, independientemente de la denominación que adopte.
Sin embargo, la medida contempla excepciones para las instituciones comprendidas en la Ley N.° 30597, entre ellas la Universidad Nacional de Música, la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco y la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco. Estas instituciones continuarían funcionando con las carreras profesionales y especialidades que ofrecen actualmente.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN TENDRÁ UN PAPEL CLAVE
La propuesta también establece que el Ministerio de Educación (Minedu) deberá adoptar medidas para fortalecer y mejorar la calidad de las universidades públicas existentes.
Entre las acciones previstas figura el ordenamiento de la oferta universitaria, considerando las necesidades de cada territorio y la disponibilidad presupuestaria para la eventual apertura de filiales durante el periodo de vigencia de la moratoria.
El objetivo es que la expansión de la educación superior responda a criterios de pertinencia, sostenibilidad y calidad del servicio educativo.
La aprobación en comisión no significa que la moratoria ya esté vigente. El dictamen deberá continuar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
La iniciativa abre el debate sobre cómo ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior pública y, al mismo tiempo, garantizar que las nuevas instituciones cuenten con condiciones adecuadas para ofrecer una formación de calidad.
