Supervisión de Fondos Partidarios en el Perú

Más de dos mil candidatos omiten rendición de cuentas ante la ONPE

Un reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló que el 78,8% de los postulantes cumplió con presentar sus informes financieros tras el vencimiento del plazo el 18 de septiembre

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Perú.- Un total de 2.251 candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 no presentaron sus informes de ingresos, aportes y gastos de campaña dentro del plazo legal. De acuerdo con el reporte de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de un universo de 10.623 postulantes obligados a rendir cuentas, 8.372 cumplieron con la entrega al cierre del periodo fijado para el viernes 18 de septiembre, alcanzando un nivel de cumplimiento del 78,8%.

El análisis técnico detalló que las regiones con mayor concentración de postulantes omisos son Cusco con 246, Áncash con 234, Huánuco con 172, Loreto con 129 y Puno con 125. Respecto a las candidaturas con pendiente de entrega, la cifra abarca a 41 aspirantes a gobernaciones regionales, 72 a vicegobernaciones, 270 a alcaldías provinciales y 1.868 a alcaldías distritales. El requerimiento del organismo electoral abarca la transparencia de los movimientos económicos ejecutados entre el 7 de enero y el 5 de septiembre de 2026.

En cuanto a las agrupaciones políticas, el informe indicó que 68 de las 75 organizaciones sujetas a control presentaron la documentación requerida a través de la plataforma Claridad, mientras que siete agrupaciones omitieron el reporte. La normativa electoral vigente estipula que la obligación persiste aun cuando las candidaturas se encuentren en condición de renuncia, tacha o exclusión.

El incumplimiento de la presentación de balances financieros en los plazos establecidos constituye una infracción sujeta a multas para los candidatos que van desde 1 hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En el caso de las organizaciones políticas, la omisión es calificada como infracción muy grave, con sanciones pecuniarias de 31 a 100 UIT y la eventual pérdida del financiamiento público directo.



Fuente: Andina


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