Seguridad Ciudadana

A tener mucho cuidado con los penales

Por César Ortiz Anderson

Dentro del contexto de lo que viene sucediendo en el INPE, ha llegado a conocimiento de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana Aprosec que se están preparando en breve dos reyertas en centros penitenciarios de la ciudad capital, como respuesta al nombramiento de la nueva titular del INPE, una persona, al parecer, sin la experiencia ni el nivel para el cargo que ha asumido.

En ese mismo contexto, un artículo recientemente publicado en El Peruano describe una situación que roza lo surrealista en el penal de Ancón I. Sin embargo, detrás del relato del “hallazgo” presidencial de cuadernos manuscritos y oficinas sin llaves, subyace una contradicción política y administrativa profunda que merece ser cuestionada.

1. La responsabilidad de la “precariedad”
El texto intenta presentar al Presidente de la República como un observador externo que descubre, con sorpresa, la precariedad del acervo documentario. No obstante, tu crítica es válida y necesaria: el INPE no es un ente autónomo ajeno al Ejecutivo. Si los registros están en cuadernos y la información es caótica, los responsables directos son los funcionarios de confianza nombrados por el propio Gobierno. Hablar de “reestructuración urgente” parece una narrativa para evadir que la actual gestión ha colocado a personas que, por desconocimiento o intereses personales, han permitido que el sistema colapse.

2. ¿Información apócrifa o falta de coordinación?
Es sumamente grave que el Jefe de Estado acuda a un penal basándose en una confesión policial sin haber validado previamente la ubicación del interno con el Presidente del INPE o el Ministro de Justicia. Esta falta de rigor administrativo tiene dos lecturas:
• Improvisación: Ir a buscar a un recluso que ya no está en el penal (trasladado a Challapalca hace 20 días) expone al mandatario a un “ridículo” institucional.
• Desconfianza interna: El hecho de que el Presidente prefiera el reporte de la PNP sobre la base de datos del Ministerio de Justicia sugiere una ruptura total de confianza entre sectores, o bien, un intento de desprestigiar al INPE para justificar cambios políticos específicos.

3. El peligro de la “inoperancia” en la seguridad nacional
El artículo señala que el desorden facilita el crimen organizado. Pero si la información de la Policía era inexacta o “apócrifa” respecto a la ubicación, se está utilizando al sistema penitenciario como un chivo expiatorio de la inoperancia general en la lucha contra la delincuencia. No se puede combatir la extorsión si el Ejecutivo y la Policía no pueden ni siquiera verificar una base de datos antes de un operativo de alto perfil.

Conclusión
La visita a Ancón I, más que revelar un “desorden crítico”, revela una crisis de liderazgo. La precariedad documentaria es el síntoma; la causa es la designación de funcionarios que no conocen la realidad carcelaria. Si el Gobierno realmente busca soluciones, la reestructuración no debe ser solo de “papeles y llaves”, sino de criterios técnicos para nombrar a quienes dirigen las cárceles del país, evitando que el INPE sea utilizado como un botín político mientras la seguridad ciudadana sigue a la deriva.

Finalmente, la situación del INPE ha colapsado y no tendrá arreglo mientras se sigan nombrando autoridades por intereses políticos.

César Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
www.aprosec.org
Cel.: 999316197 / 998160756
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