Robo, extorsión y violencia

Inseguridad ciudadana frena recuperación económica y afecta a peruanos

27.5% población víctima robos; extorsión crece y dificulta desarrollo social y estabilidad económica país

Lima.- El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Torre, señaló que la inseguridad ciudadana representa el principal obstáculo para el desarrollo del país, constituyéndose en uno de los mayores enemigos para la recuperación económica y la reducción de la pobreza. Según datos del Banco Central de Reserva, la inseguridad le cuesta al Perú alrededor del 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a más de 5,800 millones de dólares anuales.

De La Torre destacó que un 85% de la población peruana se siente insegura y que el 27.5% de personas mayores de 15 años ha sido víctima de algún delito. Esta situación genera preocupación tanto en la ciudadanía como en los sectores productivos, que ven afectadas sus actividades y oportunidades de crecimiento.

Entre las soluciones planteadas por la CCL, se encuentra el rediseño del Plan Mariano Santos, aprobado en 2021, cuyo objetivo es fortalecer y modernizar a la Policía Nacional del Perú, dotándola de mayores capacidades para enfrentar la criminalidad. Además, De La Torre enfatizó la importancia de articular la información entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para mantener datos actualizados y centralizados en un observatorio que permita el diseño de políticas públicas más efectivas.

También resaltó la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia, pero advirtió que es fundamental asignar un presupuesto específico que garantice la operatividad, personal y equipamiento necesarios para su correcto funcionamiento. Destacó que los jueces y fiscales especializados deben estar disponibles 24/7, y propuso ampliar el plazo legal para la configuración de la flagrancia, que actualmente es de 24 horas, ya que en muchos casos este tiempo resulta insuficiente para la acción policial.

Por su parte, el consultor y especialista en seguridad integral, Julio Corcuera, señaló que delitos como la extorsión se han convertido en una "pandemia pospandemia" debido a su rápido crecimiento, especialmente en regiones como La Libertad. Indicó que la tasa nacional de extorsión supera ampliamente el umbral considerado epidémico por Naciones Unidas, con 65 casos por cada 100,000 habitantes, y en Lima llega a 78, mientras que en La Libertad se eleva a 241.

Corcuera explicó que este fenómeno tiene dos vertientes principales: las organizaciones criminales que utilizan redes sociales y stickers para extender su dominio, y los llamados “aventureros”, jóvenes que simulan pertenecer a estas organizaciones para extorsionar principalmente a pequeños negocios. Además, destacó que la extorsión utiliza diversos métodos, como llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp y pagos a través de billeteras electrónicas, lo que dificulta la lucha contra esta modalidad delictiva.

Finalmente, Corcuera lamentó que la constante rotación de autoridades en el Ministerio del Interior y la falta de coordinación entre las distintas entidades encargadas de la seguridad pública limitan los avances en la lucha contra la criminalidad. Recalcó que la cadena de procesos que implica prevención, investigación y sanción se ve interrumpida por estas dificultades, lo que impide lograr resultados efectivos.

En resumen, la inseguridad ciudadana continúa siendo un reto crítico para el país, afectando la economía y la calidad de vida de los peruanos, por lo que se requieren esfuerzos integrales y coordinados entre instituciones para enfrentar este grave problema.

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