Lima.- El Tribunal Constitucional evaluará la legalidad de la Ley 32581, disposición orientada a asegurar las pensiones de los docentes jubilados y cesantes del país.
La medida responde al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Economistas de Lima, planteamiento que fue admitido a trámite tras la revisión del organismo arbitral.
Con la admisión del caso, el tribunal remitió la documentación formal al Congreso de la República, institución que dispondrá de un plazo de 30 días hábiles a partir de su notificación para apersonarse y presentar los descargos correspondientes.
La revisión del expediente procedió luego de que el gremio profesional regularizara la documentación requerida sobre la representación de su directiva.
El sustento de la demanda cuestiona el impacto presupuestario de la norma, al señalar que la vinculación entre los pagos de jubilados y los haberes de los docentes activos generaría reajustes automáticos.
Según el Colegio de Economistas, este esquema contradice los principios de sostenibilidad financiera e igualdad ante la ley, además de carecer de una fuente de financiamiento claramente delimitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Asimismo, el recurso advierte sobre un posible exceso en las atribuciones del Legislativo, al considerar que la iniciativa invade competencias presupuestarias exclusivas del Poder Ejecutivo.
Corresponderá al Tribunal Constitucional determinar si la ley respeta el marco legal vigente o si vulnera los equilibrios fiscales del Estado.
Fuente: Perú21