Paraguay.- El presidente Santiago Peña presentó su renuncia el jueves, luego de que el Congreso iniciara un proceso de destitución en su contra y la Fiscalía General abriera tres investigaciones penales por el colapso del Banco Ueno, entidad intervenida por una crisis de solvencia que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros. Sin embargo, el Legislativo no aceptó su dimisión y el Senado comenzó un juicio político que continuará este viernes.
La decisión de Peña se produjo mientras los legisladores debatían las acusaciones presentadas por 35 diputados de la oposición y de sectores disidentes del partido gobernante. Los parlamentarios señalaron al mandatario por una presunta “grave y sistemática negligencia en el cumplimiento de sus deberes”, debido a sus vínculos comerciales con la entidad financiera y a las operaciones realizadas durante su administración.
Poco después del anuncio presidencial, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar el procedimiento de destitución. Posteriormente, ambas cámaras del Congreso convocaron una sesión conjunta para evaluar la renuncia, pero el encuentro fue aplazado sin una resolución luego de que varios legisladores abandonaran la sala durante la votación.
La diferencia entre aceptar la dimisión y destituirlo tiene consecuencias legales para el mandatario. Si el Congreso hubiera aceptado su renuncia, Peña habría obtenido inmunidad y protecciones especiales. En cambio, una destitución no le concedería esos beneficios. Por ello, los legisladores contrarios al presidente sostienen que continúa en funciones y debe responder ante la justicia.
Durante el inicio del juicio político, Peña manifestó que participaría en el procedimiento y presentaría argumentos y pruebas para defenderse. En tanto, la senadora Yolanda Paredes pidió que se emita una orden de detención preventiva contra el mandatario. La Presidencia también rechazó las versiones sobre una posible salida del país y aseguró que Peña permanecía en Asunción, aunque no precisó su ubicación.
El caso se originó tras la intervención del Banco Ueno, institución privada que tenía vínculos comerciales con el presidente y recibió fondos de entidades públicas, entre ellas el Instituto de Seguridad Social (IPS). El Banco Central informó que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Su intervención provocó que los ahorros de millones de usuarios quedaran temporalmente congelados y generó largas filas en las entidades financieras, protestas y preocupación entre la población.
El fiscal general Emiliano Rolón Fernández dispuso tres investigaciones para determinar posibles responsabilidades en la supervisión y resolución del banco, la colocación de fondos públicos en la entidad y las actuaciones de distintas autoridades estatales. Además, las autoridades señalaron que Ueno habría incumplido los límites de préstamos a empresas relacionadas.
Ante la crisis, el Banco Central anunció que comenzaría a procesar por etapas los pagos de garantía para determinados clientes. Mientras tanto, Peña justificó su renuncia como una medida para preservar la estabilidad nacional, la paz social y las instituciones públicas.
El mandatario, de 47 años, asumió el cargo en agosto de 2023 para un periodo de cinco años. Antes fue ministro de Hacienda entre 2015 y 2017 y director del Banco Central. Su salida también ocurre en un contexto en el que Paraguay buscaba consolidarse como centro financiero regional, tras obtener la calificación de grado de inversión de dos agencias internacionales.
Fuente: CNN
