LIMA.- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ratificó que el pleno de la institución no avalará en ninguna circunstancia la reelección encubierta de alcaldes y gobernadores regionales, cerrando definitivamente la posibilidad de que autoridades salientes asuman nuevamente la conducción de los municipios mediante el mecanismo de sucesión.
En declaraciones brindadas a los medios de comunicación en la capital peruana, el titular del máximo organismo electoral precisó que el acuerdo adoptado por el colegiado se ajusta estrictamente al artículo 194 de la Constitución Política del Perú, el cual prohíbe de manera expresa la reelección inmediata de los alcaldes. El magistrado explicó que, si bien la jurisprudencia electoral permite desde el año 2018 que un burgomaestre en funciones postule como primer regidor en una lista partidaria, cualquier vía o maniobra legal que intente utilizar la línea de sucesión municipal para retornar al cargo vulnera de forma directa el precepto constitucional.
La postura oficial del tribunal electoral reafirma la inhabilitación del exalcalde Rafael López Aliaga para asumir la titularidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, disponiendo que la credencial de alcaldesa sea otorgada a la regidora Jeanette Alonzo. Asimismo, Burneo remarcó que este criterio interpretativo se aplicará de manera uniforme en la etapa final de proclamación de resultados en todo el territorio nacional, afectando también los procesos de sucesión en gobiernos locales y distritales, como los casos identificados en Trujillo dentro de las jurisdicciones de La Esperanza y Víctor Larco Herrera.
Finalmente, el presidente de la entidad electoral desestimó las críticas respecto al momento de la publicación del acuerdo, argumentando que los miembros del pleno estaban impedidos de adelantar opinión hasta que las controversias jurídicas se presentaran formalmente en las instancias correspondientes. El magistrado enfatizó que durante los próximos días los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolverán en primera instancia los expedientes pendientes bajo la línea jurisprudencial fijada, garantizando el cumplimiento de la normativa legal en el cierre del proceso electoral.
Fuente: La Republica
