ASUNCIÓN.- Una comitiva fiscal y policial descubrió una bóveda de alta seguridad equipada con un sistema de reconocimiento de iris de tecnología israelí oculta tras una pared falsa en la residencia de verano del destituido expresidente paraguayo Santiago Peña, en el marco de las investigaciones por la quiebra y posterior intervención del Ueno Bank en la localidad de San Bernardino.
El hallazgo se produjo durante las diligencias de allanamiento lideradas por el Ministerio Público en la propiedad valorada en 2 millones de dólares, la cual fue construida entre los años 2024 y 2025 mediante préstamos otorgados por la propia entidad bancaria intervenida. Tras lograr trasponer un primer portón de acceso, la comitiva judicial quedó bloqueada ante una segunda puerta blindada dotada del sofisticado mecanismo biomecánico. Ante esta situación, el fiscal Christian Benítez informó que el organismo evalúa la detonación controlada del acceso o el traslado hasta el inmueble de la ex primera dama, Leticia Ocampos, a fin de verificar si sus patrones oculares se encuentran registrados en la memoria del dispositivo y permiten desbloquear el recinto.
Las acciones contra el ex jefe de Estado responden a una imputación formal por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio. De acuerdo con las indagaciones desarrolladas por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Peña habría instrumentalizado su cargo para direccionar y mantener importantes sumas de recursos públicos y pensionales hacia las arcas del Ueno Bank, firma financiera en la que figuró como accionista hasta marzo de 2025. Tras ser apartado del cargo mediante un juicio político, el exmandatario cumple prisión preventiva bajo el régimen de libre comunicación en el Regimiento Escolta Presidencial.
El colapso de la entidad bancaria digital, ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP), ha provocado la parálisis de los fondos de casi tres millones de clientes y dejado congelados más de 800 millones de dólares pertenecientes a instituciones estatales, incluyendo 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) y fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ante el impacto social del desfalco, la Fiscalía, en coordinación con agencias internacionales de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina, enfoca sus esfuerzos en el rastreo y repatriación de activos para indemnizar a las víctimas, mientras el nuevo presidente Pedro Alliana enfrenta masivas movilizaciones de maestros y jubilados en las calles de la capital.
Fuente: France 24
