Nicaragua.- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló que existen motivos razonables para considerar que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo habrían cometido crímenes de lesa humanidad mediante acciones dirigidas a eliminar a la oposición y mantenerse en el poder. El informe, difundido el 29 de octubre, documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y privaciones de la nacionalidad. Por su parte, el Gobierno nicaragüense rechazó las acusaciones y denunció una supuesta injerencia internacional.
La investigación, iniciada en abril de 2018 tras las denuncias de violaciones de derechos humanos, describe un sistema de poder orientado a neutralizar a quienes cuestionan al Gobierno. Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, afirmó que Nicaragua atraviesa una situación que calificó como una “dictadura absoluta”, cuyo objetivo sería establecer un gobierno dinástico permanente. Asimismo, mencionó las declaraciones de Ortega sobre la posibilidad de que el país no vuelva a celebrar elecciones.
Entre los hallazgos, el documento destaca la privación de la nacionalidad como una medida contra quienes son considerados opositores. Desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses fueron declarados “traidores” y despojados de su ciudadanía, según los expertos. Entre las personas afectadas figuran antiguos dirigentes sandinistas, un exvicepresidente y todos los candidatos presidenciales de 2021. Además, algunos perdieron sus viviendas y otras pertenencias, mientras que quienes no cuentan con otra nacionalidad quedaron en condición de apátridas.
El informe también señala que, desde 2018, el Gobierno ordenó el cierre de más de 5.000 organizaciones, principalmente religiosas. A ello se suma la salida de miles de personas del país para evitar la persecución. Los expertos advierten, además, sobre una red transnacional de vigilancia que monitorearía e intimidaría a nicaragüenses residentes en el extranjero.
En cuanto al contexto político, Ortega y Murillo permanecen en el poder desde las protestas de 2018, reprimidas por las fuerzas gubernamentales y que dejaron cientos de muertos. Desde entonces, opositores, dirigentes religiosos, periodistas y otros críticos han sido encarcelados o forzados al exilio. En las elecciones de 2021, Ortega se proclamó vencedor después de que los principales candidatos que podían competir contra él fueran encarcelados. Estos comicios fueron cuestionados por la comunidad internacional.
Reed Brody, integrante del grupo de expertos, sostuvo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mantiene el control de la Policía, los tribunales y las prisiones. También indicó que una reforma constitucional aprobada el año anterior consolidó el poder de Ortega y Murillo sobre las instituciones legislativas y judiciales. Según Brody, actualmente no existen partidos opositores ni prensa independiente dentro del país.
Frente a estas conclusiones, Managua rechazó el informe y calificó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como un organismo “manipulado, obsoleto e injerencista”. Asimismo, acusó a potencias extranjeras de utilizar los derechos humanos como instrumento de presión política y sostuvo que las denuncias buscan debilitar al Gobierno.
Finalmente, los expertos instaron a otros países a presentar un caso contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas vulneraciones de los convenios internacionales sobre las personas apátridas. Esta iniciativa corresponde a una controversia entre Estados y es distinta de un proceso penal individual. Además, Nicaragua no forma parte de la Corte Penal Internacional, institución encargada de juzgar a personas por delitos como crímenes de lesa humanidad.
Fuente: France 24
