GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Alcalde de Cura Mori advierte riesgo por demora en obras del río Piura
La autoridad municipal exige la descolmatación del cauce y la instalación de geobolsas a la Autoridad Nacional del Agua y al Gobierno Regional de Piura


CURA MORI.- El alcalde del distrito de Cura Mori, Arturo García, solicitó al Gobierno Central y al Gobierno Regional de Piura la ejecución de trabajos de descolmatación en el río Piura y el reforzamiento de las defensas ribereñas, advirtiendo un escenario de riesgo para 5.000 familias de la jurisdicción ante el eventual incremento del caudal por el Fenómeno El Niño Costero.
La autoridad municipal de Cura Mori informó sobre la existencia de cuatro puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el cauce del río Piura que carecen de trabajos de limpieza a la fecha. El pronunciamiento técnico señala la falta de continuidad en las intervenciones del tramo posterior al puente Independencia hacia el sector del Bajo Piura, situación que generaría un estrangulamiento del flujo hídrico y el posterior represamiento de las aguas frente a las zonas pobladas.
De acuerdo con la distribución de competencias, la ANA asumió la descolmatación del tramo comprendido entre la represa Los Ejidos y el puente Bolognesi, mientras que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo las acciones entre el puente Grau y el puente Independencia. La municipalidad distrital solicitó la ampliación de las labores hacia el canal de Chutuque para garantizar el drenaje de las avenidas de agua y evitar un evento similar al desborde del año 2017, el cual dejó un saldo de 2.000 familias damnificadas en la localidad.
En materia de infraestructura de protección, la alcaldía demandó la sustitución e instalación de geobolsas en tres sectores de la defensa ribereña colindantes con las comunidades de San Antonio, Chato Chico y Santa Rosa. Las acciones dependen de la programación de intervenciones a cargo del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), dependiente del gobierno regional, instancia que mantiene pendiente la asignación de maquinaria y cronogramas de trabajo.
El balance de vulnerabilidad elaborado por el municipio distrital señala que 5.000 familias residen en áreas expuestas a inundación, incluyendo a la población reubicada temporalmente en los kilómetros 975 y 980 tras la emergencia climática de 2017. Dichos asentamientos carecen de saneamiento físico-legal. Asimismo, la autoridad edil sostuvo que los perfiles técnicos elaborados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y las fichas de emergencia posteriores al paso del ciclón Yaku no registran transferencias financieras para su ejecución operativa.
Fuente: La República

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