Incautaron 150 celulares y detuvo a 11 personas tras intervenir un mercado ilegal en SJL

San Juan de Lurigancho.- En un nuevo megaoperativo contra la venta ilegal de celulares de dudosa procedencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) incautó 150 de estos equipos y detuvo a 11 personas en el mercado Asociación de Comerciantes María Auxiliadora, ubicado en el paradero 12 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

Esta acción fue ejecutada por agentes de la Dirección de Seguridad del Estado tras una labor previa de inteligencia, que permitió detectar que estos aparatos se comercializaban en al menos 25 stands, los cuales funcionaban bajo la fachada de brindar servicio técnico de reparación de celulares y venta de accesorios.

Tras intervenir y registrar estos locales, las autoridades también hallaron una laptop que contenía programas para hacer el cambio de IMEI, 200 tarjetas SIM de diferentes operadores móviles y 15 chips activados, listos para ser comercializados. 

Además, se presume que en estos puestos de venta se realizaban desbloqueos de equipos, flasheo y clonación de IMEI. 

Cabe señalar que, de los 150 celulares decomisados, 16 estaban reportados como robados en la base de datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Debido a estos indicios, los detenidos serán investigados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación; así como por comercialización de equipos celulares adulterados modificados en IMEI y por el delito de cambio y adulteración de IMEI.

Para continuar con las diligencias, la Policía Nacional trasladó los equipos incautados y personas intervenidas a la sede de la Dirección de Seguridad del Estado. 

“Juntos Bloqueamos a la Delincuencia”

En el marco de la campaña “Juntos Bloqueamos a la Delincuencia”, el Ministerio del Interior (Mininter) recuerda que, con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1578, el robo de celulares se castiga con penas de hasta 30 años de cárcel, mientras que el delito de receptación agravada podría conllevar a sentencias no menores a 12 años de prisión efectiva.

Fuente: Andina