La pesquisa se centra en la solicitud de información del teléfono de Gorriti y el eventual levantamiento del secreto de sus comunicaciones, lo que se percibe como una violación al derecho fundamental de proteger las fuentes periodísticas, esencial para el ejercicio de un periodismo independiente y libre.
Chinchay ha otorgado un plazo de cinco días para que Gorriti brinde detalles sobre el uso de su número telefónico entre 2016 y 2021, marcando un precedente preocupante en cuanto a la intervención en la labor periodística y generando alarma entre los defensores de la libertad de prensa.
Ante este escenario, se plantea muchas interrogantes sobre la democracia y el Estado de derecho en el Perú, sobre todo en lo que respecta a la libertad de prensa. Organismos internacionales de los derechos humanos y la comunidad periodistica, han expresado su profunda preocupación por estas acciones al considerarlas un intento de intimidación y una estrategia para silenciar voces críticas.
Fuente: La República