IDICI y La Razón: Proveedor cuestionado y diario envuelven a Carabayllo, Lurín, Callao, San Migue...

Carabayllo.- En un sorprendente giro de acontecimientos, la encuestadora IDICI, propiedad de Víctor Rodolfo Díaz González, y el diario La Razón, han desatado un escándalo al revelar el ranking de aprobación de la gestión de alcaldes de Lima y Lima Norte para el año 2023.

Lo que inicialmente parecía ser una evaluación objetiva, se tornó en una trama de colusión agravada, donde la credibilidad de las cifras y la ética de los actores involucrados están en entredicho.

El informe oficial del Portal de Transparencia del Ministerio de Economía (MEF) reveló que Díaz González y su empresa IDICI recibieron la considerable suma de S/. 90,000.00 mil soles de las arcas de la municipalidad de Carabayllo durante el año 2023.

Este financiamiento cuestionable colocó al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, en la primera posición con un 76% de aprobación, generando preguntas inquietantes sobre la veracidad de la encuesta.

Las prácticas inmorales y presuntos delitos de Víctor Díaz se extendieron a los distritos de Lurín, Callao, San Miguel y Magdalena del Mar. Según el reporte de La Razón, Francis Allison (Magdalena del Mar) ostentó un 90% de aprobación, mientras que Pedro Spadaro (Callao) alcanzó un sorprendente 92% de aprobación, levantando sospechas sobre la legitimidad de los resultados y la relación financiera con la encuestadora.

La interrogante sobre cómo un proveedor que facturó S/. 90 mil soles a la Municipalidad de Carabayllo durante el mismo año logró colocar a su empleador en el primer lugar del ranking, ha desatado la necesidad de una investigación a fondo.

La credibilidad de la información difundida por La Razón el 07 de enero del 2024 está en tela de juicio, planteando dudas sobre la transparencia en la presentación de resultados.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía Anticorrupción de Lima debería iniciar una investigación inmediata sobre los alcaldes involucrados por el presunto delito de colusión.

Asimismo, el AMPE tiene la responsabilidad de reportar al Jurado Nacional de Elecciones esta encuesta pagada, a fin de salvaguardar la integridad del proceso democrático.

Este escándalo, revelado por el periodista Jesús Zambrano, no solo cuestiona la validez de las encuestas sino que también pone en entredicho la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública.

La sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para restaurar la confianza en las instituciones involucradas.