Por colusión agravada

Dictan prisión preventiva por 30 meses a Goray y Fernandini

Juez Raúl Justiniano encuentra riesgo procesal también en Pedro Arroyo y Roger Gavidia.

Lima.- El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictaminó prisión preventiva por un período de 30 meses para cuatro personas investigadas por su presunta participación en un delito de colusión agravada y otras acusaciones.

El juez Raúl Justiniano, a cargo del caso, fundamentó su decisión en el riesgo procesal que representan cada uno de los investigados, lo que llevó a aprobar la medida solicitada por el Ministerio Público.

Respecto a Sada Goray, el magistrado consideró que la medida es "atendible y proporcional" dadas las imputaciones en su contra. También señaló que la investigada carece de arraigo domiciliario, familiar y de negocios, lo que podría facilitar una posible fuga, además de influir en los testimonios de sus co-investigados.

Mauricio Fernandini, otro de los investigados, enfrenta la prisión preventiva debido a la falta de arraigo laboral y al riesgo de obstruir la investigación, ya que se le señala como la persona que estableció el contacto entre el exministro Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo, quien habría facilitado pagos indebidos al exfuncionario.

En el caso de Pedro Arroyo, el juez concluyó que también carece de arraigo laboral y que la gravedad de la pena potencial se relaciona con el impacto del daño causado. Se le vincula a cambios realizados en el Fondo Mivivienda, relacionados con el caso bajo investigación.

Por último, el magistrado mencionó que existe un peligro de obstrucción a la justicia en el caso de Roger Gavidia, debido a antecedentes de falsificación de datos personales en su historial.

Con la medida de prisión preventiva aprobada, los investigados fueron entregados al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para su internamiento en las instalaciones correspondientes, donde cumplirán el plazo establecido.

Los abogados defensores de los cuatro investigados expresaron su intención de apelar la decisión judicial, lo que asegura un proceso legal prolongado en el caso.

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