Por Francisco Ugarteche Domínguez
El vacado alcalde de Lima acusó al JNE de estar tomado por el cerronismo. Jorge Muñoz catalogó al JNE como un jurado con doble rasero debido a que fue vacado a la velocidad del rayo por asumir dos cargos públicos al mismo tiempo y se refirió al caso de Dina Boluarte, quien siendo funcionaria del Reniec participó en las últimas elecciones y renunció recién hace pocos días.
Muñoz se tuvo que retractar de todas sus declaraciones contra el JNE ante la inminencia de querellas que le acarrearían mayores consecuencias a la veloz y exagerada disposición que lo aparta de la alcaldía.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda del Partido Popular Cristiano (PPC) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por vulnerar su derecho de participación política. Ordenó la anulación de la resolución del JNE que impidió la postulación de los aspirantes del PPC al Congreso por Lima en las elecciones del 2021.Tarde para efectos prácticos pero oportuna alerta a pocos meses de otro proceso electoral.
Un video que publicó en sus redes sociales la Presidencia del Consejo de Ministros hace propaganda a favor del referéndum para convocar una asamblea constituyente, infringe las normas vigentes durante elecciones.
Varios meses antes del proceso electoral que abrió las puertas de palacio de gobierno a Pedro Castillo y compañía, advertí que estábamos caminando a unas elecciones fraudulentas debido a que diversos organismos entre los que estaba el JNE, actuaban de manera benévola con algunos grupos y exageradamente exigente con otros, la cancha no estuvo pareja.
El tiempo y las aguas me dieron la razón y las evidencias de conductas más que sospechosas brotan con la contundencia de un fallo del tribunal constitucional.
La democracia reclama transparencia y retiro de quienes dirigen entidades cuestionadas en las últimas elecciones, comenzando por el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas.
Urge someter a una auditoría al JNE, Onpe y Reniec, además de una purga de elementos indeseables en la fiscalía y poder judicial. No hay garantía de transparencia electoral con esta suerte de dictadura judicial que deja libres a ladrones de la talla de Odebrecht y sus cómplices y persigue políticos incómodos a quienes cortan la mortadela.
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